Comentarios sobre la reforma laboral, fiscal y previsional

 

Opinion 1 de noviembre de 2017

A continuación ofrecemos tres informes realizados por CEPA sobre la reforma laboral, fiscal y previsional. El primero de ellos analiza la reforma laboral en base al borrador propuesto por Cambiemos. El segundo, la variación de la jubilación considerando el cambio de índice que promueve el Gobierno. Finalmente, el tercer o analiza los cambios propuestos en materia impositiva. 

 


Primera parte
Desde el gobierno nacional, particularmente desde la cartera laboral (Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social), se elaboró un proyecto “borrador” de reforma laboral y fue
presentado a la CGT el lunes 30 de octubre. Se encuentra, actualmente, en proceso de
negociación, por lo que no constituye el texto final a ser enviado al Congreso.
Desde CEPA accedimos al documento y en este informe presentamos un punteo de los
principales ítems que aparecen en el texto y significan modificaciones claves a la Ley de
Contrato de Trabajo vigente.
Entre los ejes centrales se encuentra el blanqueo laboral y los incentivos que condonan deuda
y perdonan incumplimientos a las empresas, la desresponsabilización de las grandes empresas
respecto de incumplimientos laborales al personal tercerizado, el abaratamiento de las
indemnizaciones quitando conceptos que excedan al salario básico, la creación del Fondo de
Cese Laboral con aportes de empleadores y en acuerdo sectorial, la introducción de “prácticas
formativas” por 12 meses y con una precarizante “asignación estímulo” y, como plato fuerte, la
aplicación de una significativa reducción de contribuciones patronales a través de la aplicación
de un mínimo no imponible.
1. Blanqueo laboral: “perdón y gracias” por los incumplimientos previos
· A los empleadores que entren en el “blanqueo” laboral se les extinguirán sus multas,
infracciones, u otros incumplimientos en relación al registro en el empleo (muy similar
al blanqueo de bienes, donde AFIP introducía la posibilidad del “tapón fiscal”).
· Existe (desde 2014) un registro de empresas con sanciones por incumplimientos
(empleo no registrado, trabajo esclavo, trabajo infantil) denominado Registro Público
de Empleadores con Sanciones Laborales –REPSAL-. El registro impide a quienes
incumplieron presentarse en licitaciones o hacer uso de programas de financiamiento,
etc. La empresa que blanquee con esta ley se beneficia dándose de baja de tal registro.
O sea: se perdona a las empresas que ya estaban sancionadas.
· Se establece una condonación de la deuda por no pago de aportes y contribuciones al
sistema (capital e intereses y punitorios) en lo referido al SIPA, Fondo de Empleo,
Asignaciones Familiares, Renatre.
o Se condona el 100% si lo hacen en los primeros 6 meses
o Se condona el 70% si blanquean en los segundos 6 meses
· Finalmente, cabe indicar que los trabajadores podrán computar hasta 60 meses de lo
blanqueado en base a SMVM como aportes a su jubilación.
Es evidente que el proyecto resulta ampliamente beneficioso para quien incumplió con las
normas de registración, emulando lo que puede ser una moratoria fiscal, pero con el agravante
de tratar del mismo modo el incumplimiento de las cuestiones laborales con las cuestiones
tributarias. Al contrario, la ley penal tributaria resulta mucho más contundente en sus
sanciones en lo referido a la apropiación indebida de aportes de seguridad social que a la
apropiación indebida de tributos porque no los considera del mismo modo.
Tanto en este aspecto como en lo referido a la reducción de contribuciones, el espíritu se
sustentó en la idea liberal de aumentar los márgenes de ganancia de las empresas y con ello
lograr más trabajo, resolviendo el problema de la informalidad.
La gestión anterior, que impulsó la ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del
Fraude Laboral aprobada en 2014 (Ley 26.940), tenía otro diagnóstico respecto de la
informalidad. Por un lado, identificaba dificultades materiales en el universo pyme y en
empleadores unipersonales, con serias limitaciones económicas para hacer frente a las cargas
laborales. Para ellos, se favorecía el registro con distintos tipos de subsidio estatal. Pero el
universo de grandes empresas (evaluado tanto por su tamaño como por su facturación) era
caracterizado de otra manera: el no registro era resultado de una deliberada evasión fiscal. En
este sentido, y a diferencia de esta propuesta de reducción horizontal e indiscriminada de
cargas patronales y del blanqueo generoso de la propuesta actual, la ley de Promoción del
Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral beneficiaba sólo a las empresas pymes
estableciendo segmentaciones según cantidad de ocupados: hasta 5, 15 y 80 empleados y
sujeta a niveles de facturación anual. Y conjuntamente con ello, contemplaba medidas de
fortalecimiento en la fiscalización, capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de
un registro donde se incluyera a las empresas que violen la legislación laboral (el
anteriormente mencionado REPSAL). Entre otras consecuencias que preveía la ley, incumplir
con el REPSAL impedía los siguientes ítems: el acceso a todo programa impulsado por el estado
nacional, a líneas de crédito otorgadas por instituciones públicas, a celebrar contratos de
compraventa con el estado nacional y a participar en licitaciones públicas.
El Gobierno de Cambiemos consideró que la ley anterior no tuvo resultados positivos dado que
no redujo el nivel de informalidad existente. Nuestro diagnóstico se relaciona más bien con
que la ley prácticamente no llegó a implementarse, y fue discontinuada “de hecho” con el
Gobierno de Cambiemos, por lo que no puede evaluarse en términos concretos.
Asimismo, la propuesta del Gobierno no ahonda en las razones de la informalidad.
El sostenimiento de las prácticas de no registración laboral puede explicarse a partir del
análisis segmentado según tamaño de empresa, que remite, indefectiblemente, a la
sustentabilidad de la actividad económica en el caso de las unidades más pequeñas, y a
razones vinculadas a mejora de márgenes de ganancia, en el caso de las de mayor tamaño. 
En paralelo a ello, algunas actividades presentan niveles elevados de informalidad dada su
configuración histórica y particular. Esto es observable de manera directa en el
cuentapropismo y en el caso de los asalariados dependientes –en muchos casos- de
empleadores con pequeñas unidades de negocio de hasta 5 trabajadores (pequeños comercios
barriales –kioscos, verdulerías, peluquerías, etc.- o puestos de ferias). Se trata de sectores que,
sin mediar regulación y acompañamiento estatal, no pueden formalizar. Cabe indicar que la
tasa de empleo no registrado alcanza el 70% en el segmento mencionado.
Por otro lado, es posible identificar sectores donde se observa resistencia empresarial a la
formalización. En efecto, el 31% de los asalariados no registrados pertenece a unidades de
negocios con algún trabajador formalizado, y dentro de este grupo el 65% son unidades de
negocios de más de 5 trabajadores (en empresas de 6 a 40 trabajadores la informalidad
alcanza el 45%, mientras que en empresas de más de 40, alcanza el 18%). Estamos frente a
unidades productivas de mayor tamaño que sin embargo mantienen empleo “en negro”.
A este análisis por tamaño debe incorporarse la existencia de actividades que nuclean
bolsones de informalidad. Son un ejemplo los peones rurales, con una histórica configuración
patronal-sindical de sostenimiento del no registro o el caso del trabajo doméstico, que aun
teniendo desde 2014 una ley que regula la actividad, mantiene niveles elevados de
informalidad. Otro ejemplo se evidencia en la cadena textil, donde la tarea de corte y
confección se realiza íntegramente con trabajadores informales y donde se han detectado
otras irregularidades como el trabajo infantil y esclavo. En este caso, la informalidad tiene un
vínculo con la tercerización laboral dado que las grandes marcas de indumentaria solo
mantienen como empleo propio el diseño y luego tercerizan la elaboración de las prendas en
talleres. La dificultad para reconstruir la trazabilidad mantiene a oscuras un sector importante
de la producción textil. Finalmente, el caso de la construcción, presenta una mixtura con el
contratismo y empleo eventual que dificulta tanto la estabilidad en el tiempo como la
formalización de los trabajadores.
Además de las razones mencionadas, asociadas a las dificultades de sustentabilidad económica
y a las reticencias empresariales en determinadas actividades donde la informalidad es
“costumbre” o “cultural”, cabe agregar otros elementos que han habilitado la expansión del no
registro. Se trata de la ausencia de capacidades de fiscalización laboral estatal, dada su
descentralización en los años 90, y su transformación en una herramienta de atracción de
inversiones/empresas a provincias con menor presencia reguladora. Otro fenómeno
destacable y mencionado anteriormente tiene que ver con las cadenas de tercerización
laboral, donde se oculta una parte del proceso productivo (como ocurre en el sector textil, en
servicios públicos, etc.) y donde esos trabajadores, además de perder su relación de
dependencia directa, no se encuentran registrados. El borrador del Ministerio de Trabajo
también empeora la situación de los trabajadores tercerizados, como se observa en el
siguiente punto.
2. Tercerización laboral: las grandes empresas que tercericen actividades no se
responsabilizan de ningún incumplimiento laboral de sus contratistas (o firmas tercerizadas).
Para ello el proyecto actual propone modificar el Artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo
de 1976. Allí, el artículo original sostiene que hay responsabilidad solidaria de la empresa
principal sobre el cumplimiento de obligaciones de los contratistas.
Esto se modifica, y en el proyecto borrador alcanza con que la empresa principal cumpla con el
requisito de controlar a la contratista e informe a la autoridad competente. Con ello, queda
eximida de solidaridad. Dicho de otro modo, si la contratista incumple frente a un accidente
laboral, despido, incumplimiento salarial, etc., la empresa principal no se hace cargo del
reclamo. Esto es importante dado que muchas empresas que tercerizan trabajadores suelen
no tener la solvencia suficiente (son más pequeñas y tienen menor espalda financiera), lo que
labotorga carta blanca para aprovechar esta situación.
3. Otro capítulo de la reducción del costo oral: indemnizaciones más baratas
Para el cálculo de las indemnizaciones se excluye “el sueldo anual complementario, las horas
extraordinarias, las comisiones, premios y/o bonificaciones, las compensaciones de gastos y
todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual normal y habitual”.
Este es el concepto principal que reduce el costo de las indemnizaciones. Casualmente, hace
sólo unos días atrás, el titular de Techint, Paolo Rocca mencionó que “hay que darle a las
empresas la posibilidad de crecer, pero también de reducirse cuando es necesario, porque si
no estamos con una rigidez que perjudica". La propuesta evidentemente se hace eco del
reclamo.
4. Indemnizaciones: se crea un “FONDO DE CESE LABORAL”
¿En qué consiste?
· Se acuerdan en convenios: “fondos de cese laboral sectoriales” (emulando el caso
del gremio de la Construcción)
· Este fondo reemplaza la responsabilidad que hoy tiene el empleador en los
artículos 232 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (1976) sobre preaviso y
despido sin causa.
· El empleador puede adherir de forma “voluntaria” pero una vez que lo hace será
irrevocable. Con la adhesión del empleador, quedan incorporados al régimen
todos los trabajadores que aquél tenga a cargo.

Mañana seguiremos delineando esta nota

 

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